Personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, presentaron una denuncia ante la FGR con el objetivo de que se investiguen las causas del accidente y se determine si existe responsabilidad penal por parte de empresas constructoras o de quien resulte responsable.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República y es acompañada por el despacho jurídico Vega, MacGregor Arellano, representante legal de las víctimas.
Buscan verdad y reparación del daño
De acuerdo con los abogados, las personas lesionadas no persiguen un fin político, sino el derecho a conocer qué ocurrió y a que los hechos se esclarezcan conforme a la ley. Entre los objetivos principales de la denuncia está determinar si hubo negligencia, fallas en la obra o en la supervisión, así como establecer la reparación integral del daño, con base en los dictámenes oficiales que emitan las autoridades competentes.
“Las víctimas tienen derecho a participar en la investigación y a que se conozca la verdad”, señalaron los representantes legales.
Sin señalamiento directo… por ahora
La denuncia no va dirigida contra una persona en específico. Se trata de una solicitud formal para que la FGR abra una carpeta de investigación y analice la actuación de todas las partes involucradas en el proyecto ferroviario.
Los abogados explicaron que será la autoridad ministerial la encargada de determinar responsabilidades, una vez que se revisen peritajes, contratos, informes técnicos y testimonios relacionados con el accidente.
Empresas bajo revisión pública
Entre las empresas mencionadas en la denuncia se encuentran compañías que aparecen en informes públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con trabajos de rehabilitación, supervisión y construcción del proyecto ferroviario.
“Es información pública, no es un tema político”, subrayaron los abogados, al aclarar que los señalamientos parten de documentos oficiales y no de especulaciones.
Estado de salud de las víctimas
Las personas lesionadas continúan bajo supervisión médica. De acuerdo con la defensa, un menor de edad presenta afectaciones pulmonares y recibe atención prioritaria. Su padre, quien también resultó lesionado, ha podido rendir declaraciones públicas sobre lo ocurrido.
La situación médica de las víctimas es uno de los elementos que refuerzan la exigencia de una investigación exhaustiva y de garantías para la atención integral.
Derecho a exigir justicia
La defensa reconoció que ha existido seguimiento por parte de instancias gubernamentales tras el accidente; sin embargo, insistió en que la denuncia responde al ejercicio legítimo de los derechos de las víctimas, quienes buscan certeza, justicia y transparencia.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico abre un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad de los grandes proyectos de infraestructura en el país y la obligación del Estado de garantizar que las obras públicas se realicen con responsabilidad y respeto a la vida.
