Denuncias ciudadanas recuerdan episodios de violencia, amenazas y disputas internas atribuidas a la UPOEG, y exigen al gobierno federal una investigación clara y sin simulaciones.
En la Costa Chica de Guerrero, la memoria colectiva vuelve a encender las alarmas. A través de mensajes, denuncias públicas y testimonios anónimos, habitantes de la región han retomado señalamientos contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a la que acusan de intentar presentarse como fuerza comunitaria mientras arrastra un historial de violencia no aclarada.
Las voces comunitarias advierten que normalizar la presencia de grupos armados, bajo cualquier discurso, representa un riesgo directo para la seguridad y la autonomía de los pueblos.
Amenazas que no se olvidan
Uno de los episodios que la población recuerda con mayor fuerza ocurrió en junio de 2022, cuando circularon versiones sobre amenazas directas contra elementos de la Marina Armada de México, presuntamente por parte de integrantes armados vinculados a la UPOEG. Aunque estos hechos no han sido esclarecidos públicamente, la falta de información oficial mantiene abiertas las heridas.
“Eso no se olvida. Aquí la gente sabe lo que pasó y por eso hay miedo”, comparte un habitante de la región, quien pidió no revelar su nombre por razones de seguridad.
El asesinato de Bruno Plácido y las fracturas internas
Otro punto que sigue generando cuestionamientos es el asesinato de Bruno Plácido Valerio, ocurrido en octubre de 2023. Diversos sectores sociales han señalado que su muerte estaría relacionada con rupturas internas y disputas de poder, aunque hasta ahora no existe una versión judicial concluyente.
Para muchas comunidades, este crimen simboliza la degradación de los proyectos de autodefensa, cuando pierden control comunitario y se alejan de sus principios originales.
Acusaciones de vínculos criminales
Las denuncias más recientes van más allá. Circulan señalamientos que apuntan a presuntos vínculos entre la UPOEG y estructuras del crimen organizado, particularmente en rutas de trasiego de drogas en la Costa Chica. Estas acusaciones no han sido probadas en tribunales, pero sí forman parte del debate social que exige respuestas claras.
Especialistas en seguridad consultados por este medio coinciden en que la opacidad institucional permite que estos rumores crezcan y se conviertan en verdades asumidas por la población.
Exigen respuesta del Estado
Ante este escenario, ciudadanos demandan una postura firme del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
“Queremos claridad, no discursos. Que se investigue a todos, sin excepciones”, señala un representante comunitario de la región.
Incluso, algunas voces han llevado el tema al plano internacional, alertando sobre la expansión del crimen organizado y su impacto transfronterizo, mencionando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como destinatario de estas advertencias.
Memoria y vigilancia comunitaria
En Guerrero, la memoria es una forma de defensa. Recordar los hechos, exigir investigaciones y no aceptar versiones simplificadas es parte de la resistencia cotidiana de los pueblos. La paz no se construye con armas ni con silencios, sino con verdad, justicia y presencia real del Estado.
