Bajo el lema de “proximidad social”, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal han reforzado su presencia en el municipio de Olinalá con recorridos de vigilancia y supuestos puntos de atención ciudadana. Sin embargo, para muchos habitantes, estas acciones son más un espectáculo de control que una solución real a los problemas de violencia e inseguridad que persisten en la región.
La instalación de la Base de Operaciones Interinstitucional (B.O.I.) ha sido presentada como un esfuerzo para ganar la confianza de la comunidad, pero organizaciones sociales y pobladores locales aseguran que la estrategia se queda corta, pues no ataca las causas de fondo del crimen ni mejora las condiciones de vida en las comunidades.
“Montan retenes, dan volantes y se van. La violencia sigue, la impunidad también”, comenta un vecino de Olinalá que prefirió mantenerse en el anonimato.
Mientras el gobierno estatal y federal presumen la presencia militar como sinónimo de protección, activistas y defensores de derechos humanos alertan sobre el creciente militarismo en zonas marginadas, que en lugar de brindar seguridad, termina generando temor, abusos y represión silenciosa.
Además, acusan que estas operaciones suelen intensificarse en fechas claves o momentos políticamente convenientes, más con fines mediáticos que con voluntad de cambio real.
La narrativa oficial de “Protegiendo a Guerrero, cercanos a ti”, contrasta con la lejanía del Estado en temas fundamentales como educación, salud, desarrollo rural y acceso a justicia. Para muchas familias de Olinalá, la presencia de soldados no es sinónimo de tranquilidad, sino de una falla institucional maquillada con uniformes y armas.
