Los matrimonios infantiles continúan siendo una realidad en los municipios indígenas de Guerrero, a pesar de los esfuerzos institucionales y las reformas a las leyes que castigan esta práctica que vulnera los derechos de niñas y niños, y que, además, las convierte en mercancías a través de los pagos realizados por los progenitores para concretar estos matrimonios.
La activista Yuridia Melchor Sánchez, fundadora de la asociación civil Mujeres de Tlapa, advirtió que esta práctica sigue “arrebatando la infancia y el futuro de cientos de niñas guerrerenses”. En el marco del Día Internacional de la Niña, Melchor Sánchez subrayó que, lejos de desaparecer, los matrimonios forzados persisten como una realidad cotidiana en las comunidades de la Montaña, donde las niñas son entregadas en matrimonio bajo el argumento de los usos y costumbres.
Municipios afectados
De acuerdo con la activista, los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca y Xalpatláhuac siguen siendo algunos de los lugares más afectados por esta práctica, que se normaliza en la cultura local. Sin embargo, Melchor Sánchez denunció que, más allá de la justificación cultural, los matrimonios forzados representan una forma extrema de violencia y trata, ya que las niñas son vistas como bienes de intercambio.
Falta de registros y políticas públicas efectivas
La activista lamentó que, en pleno 2025, no existan registros oficiales actualizados sobre la incidencia de matrimonios forzados ni a nivel nacional ni en Guerrero. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020, se registraron 27,800 adolescentes indígenas entre 12 y 17 años casadas o unidas, lo que representa el 7.5 por ciento de los matrimonios infantiles a nivel nacional.
Uno de los casos más emblemáticos que evidenció esta problemática fue el de una niña de la comunidad Joya Real, en Cochoapa el Grande, en octubre de 2021. La menor fue obligada a casarse, y cuando su familia se negó a devolver el dinero pagado por ella (alrededor de 210,000 pesos), fueron encarcelados en la comisaría municipal. Este caso se viralizó y expuso la realidad de una práctica que, aunque amparada por las “costumbres”, viola los derechos humanos de las niñas y adolescentes.
Estrategia contra la violencia de género sin resultados
Ante la indignación pública generada por este caso, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda anunció la Estrategia Integral para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con diversas instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la CONAVIM. Esta estrategia prometía garantizar acceso a servicios de justicia, programas sociales y eliminar la violencia estructural contra mujeres y niñas.
Sin embargo, a casi 4 años de su implementación, Melchor Sánchez aseguró que no existen resultados visibles ni informes públicos sobre el impacto de la estrategia. “No hay seguimiento, no hay rendición de cuentas. Algunas de las dependencias que participaron ya ni siquiera existen; fue una política que se diluyó con el tiempo”, expresó la activista.
Una deuda histórica con las niñas
La activista señaló que mientras persista el silencio institucional, las niñas indígenas seguirán siendo víctimas de pobreza, discriminación y violencia estructural, atrapadas en un sistema que permite que su niñez sea negociada. En Guerrero, recalcó, hay una deuda histórica con las niñas, ya que cada matrimonio infantil es una infancia robada y una violación a los derechos humanos.
Por ello, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a reactivar las políticas públicas enfocadas en la niñez, especialmente en la garantía de educación, salud y oportunidades para las niñas. Melchor Sánchez aclaró que no se trata solo de celebrar un día, sino de romper el ciclo de impunidad que sigue costando vidas y futuros a las niñas guerrerenses.
