Alcozauca, Guerrero.—
En medio de un ambiente tenso y frente a habitantes que lo respaldaron, el expresidente municipal de Alcozauca, Sebastián Ortiz Zayas, acudió este martes al palacio municipal para desmentir públicamente la denuncia que la administración actual interpuso ante la Fiscalía Regional, donde se señala el presunto robo de tres vehículos adquiridos durante su gestión 2021–2024.
Ortiz Zayas llegó acompañado de principales y comisarios de Tlahuapa y San Miguel el Grande, comunidades beneficiarias de dichas unidades desde 2022, quienes exigieron aclarar lo que consideran una acusación injusta y políticamente motivada.
¿Por qué acusan al exalcalde de Alcozauca Guerrero?
En entrevista con medios locales, el exalcalde explicó que durante su administración se adquirieron ocho vehículos destinados a apoyar el trabajo comunitario en diversos pueblos del municipio.
Sin embargo, tres de ellos aparecen ahora con reporte de robo, derivado de una denuncia presentada por el presidente municipal en funciones, Crispín Agustín Mendoza, y la síndica procuradora Victoria González Gracia.
“Estos señalamientos no son nuevos y parecen más un intento de desprestigio que una búsqueda de la verdad”, afirmó Ortiz Zayas, quien mostró facturas y documentación para acreditar la entrega de los vehículos a las comunidades.
Ortiz Zayas presenta facturas y señala difamación del gobierno
El exalcalde aseguró que las acusaciones forman parte de una campaña para desacreditar el trabajo realizado durante su administración en Alcozauca Guerrero. Además, reiteró que los vehículos han permanecido en las comunidades desde su entrega en 2022, por lo que resulta “inexplicable” que ahora sean reportados como robados.
De acuerdo con Ortiz Zayas, la denuncia no solo afecta su imagen, sino que también criminaliza a pueblos que han utilizado estas unidades para transporte comunitario, emergencias y trabajos colectivos.
Comunidades de Alcozauca respaldan al exalcalde
El comisario de Tlahuapa, Natalio Salustio Flores, calificó como “graves e incongruentes” las acusaciones, pues recordó que la propia síndica procuradora participó en la entrega de las unidades hace tres años.
“Esa irresponsabilidad pudo llevarnos a la cárcel sin deberla. Estos vehículos son para el trabajo del pueblo, y ahora resulta que los reportan como robados”, expresó.
Habitantes presentes señalaron que los vehículos han estado siempre visibles y en uso, por lo que exigieron una revisión honesta y pública.
Inspección de las unidades y exigencia de retiro de cargos
Tras una verificación pública realizada este martes, donde se corroboró la existencia de los vehículos señalados, Ortiz Zayas pidió a las autoridades municipales retirar la denuncia de inmediato. De lo contrario, dijo, está dispuesto a que el caso pase a instancias especializadas que garanticen una investigación imparcial.
El exalcalde sostuvo que cuenta con toda la documentación necesaria para demostrar la legalidad del proceso de adquisición y entrega de los vehículos.
Qué dicen el presidente Crispín Agustín Mendoza y la síndica procuradora
De manera paralela, el presidente municipal Crispín Agustín Mendoza acudió a la comunidad de Tlahuapa junto a funcionarios del ayuntamiento para revisar las observaciones administrativas que —señala— quedaron pendientes en la administración pasada.
La comunidad pidió que esta revisión sea transparente y que no se utilice como argumento para afectar a quienes dependen de los vehículos para resolver necesidades colectivas.
¿Qué sigue para el caso? Posibles rutas legales y comunitarias
Las y los habitantes de Alcozauca Guerrero solicitaron que el conflicto no escale a un problema político que termine afectando a las comunidades. Exigieron claridad jurídica respecto a los vehículos y pidieron que se detenga cualquier intento de criminalizar a los pueblos.
Ortiz Zayas reiteró que continuará aportando pruebas y acompañando el proceso para frenar lo que considera una campaña de difamación.
