La quiebra técnica en San Marcos abre un escenario de crisis de gobernabilidad y presunto desvío de recursos públicos que pone en riesgo a trabajadores y servicios municipales.
Un diagnóstico financiero que prende las alarmas
San Marcos, en la Costa Chica, atraviesa una de las crisis financieras más graves de su historia reciente. De acuerdo con información obtenida por los regidores Karen Dimayuga, Marco Cortés y Alejandro Agatón ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), el municipio estaría en posible quiebra técnica, con una deuda que ronda los 8.9 millones de pesos y un escenario que compromete la operatividad básica del gobierno local.
El hallazgo más delicado apunta al desvío de recursos públicos, particularmente las retenciones de ISR e ISSSTEP. Según la documentación, alrededor de 2.5 millones de pesos retenidos por ley no fueron destinados a su propósito legal. Esto implica —además de una falta administrativa grave— la presunta firma de documentos falsos y un acto deliberado para desviar recursos. Legalmente, esto constituye materia directa para denuncias por peculado y falsedad de información.
Un golpe doble para el pueblo: trabajadores desprotegidos y servicios en riesgo
Más allá de los números, el impacto más fuerte recae sobre la gente. Los trabajadores municipales —muchos de ellos con familias y compromisos económicos— están ahora en un estado de desprotección total, sin seguridad social activa y con la amenaza de una deuda fiscal personal. Es decir, podrían enfrentar consecuencias legales por retenciones que ellos no controlan, pero por las que sí podrían ser responsabilizados.
El segundo golpe es colectivo: la quiebra técnica en San Marcos coloca en riesgo inmediato los servicios públicos. Con cuentas en rojo, el municipio podría enfrentar embargos, recortes y paralización de áreas esenciales como recolección de basura, alumbrado, agua y mantenimiento urbano. En localidades costachiquenses como San Marcos, donde las desigualdades ya son severas, cualquier reducción de servicios profundiza el abandono institucional.
Vecinos de la cabecera han expresado preocupación:
“Si el Ayuntamiento ya no puede ni pagar a su gente, ¿cómo va a responder a la comunidad?”, cuestiona un comerciante del mercado central.
Mientras que una trabajadora municipal, bajo anonimato, afirma: “Nos dejaron sin seguro, sin certeza y con miedo. No sabemos qué va a pasar.”
Irregularidades que apuntan a crisis de gobernabilidad
Los regidores firmantes del comunicado han comenzado a documentar, paso a paso, lo que califican como una crisis de gobernabilidad. Las inconsistencias financieras, la opacidad y el presunto uso indebido de recursos forman un patrón que, según ellos, amerita la intervención de instancias como la Fiscalía Anticorrupción del Estado, la ASE y el propio SAT.
La situación plantea un cuestionamiento central:
¿Quién está tomando decisiones en el Ayuntamiento y bajo qué criterios se maneja el dinero público?
Lo revelado hasta ahora corresponde únicamente a información obtenida vía transparencia. Falta por revisar el manejo completo del presupuesto municipal, contratos, adquisiciones, pagos extraordinarios y movimientos bancarios. Cada pieza puede revelar si se trata de una mala administración, una red de irregularidades o un entramado más profundo de corrupción.
El llamado desde la Costa Chica: transparencia y responsabilidad
La ciudadanía de San Marcos merece un gobierno que responda, no uno que endeude al municipio y deje vulnerables a quienes sostienen su funcionamiento diario. Frente a la incertidumbre, la vigilancia comunitaria se vuelve indispensable, así como la acción inmediata de los órganos de control estatal.
San Marcos no puede normalizar el deterioro institucional. Hoy, más que nunca, se necesita claridad, rendición de cuentas y un compromiso real para reparar el daño causado a trabajadores y población.
