Desde hace cuatro días, la población civil de San Pedro Huitzapula vive bajo un asedio armado continuo, denunciado por habitantes y organizaciones comunitarias como una agresión directa contra la comunidad, sin que hasta ahora exista una respuesta eficaz de las autoridades estatales y federales.
De acuerdo con testimonios locales, los ataques comenzaron el 31 de diciembre de 2025 y se han prolongado hasta este 4 de enero de 2026, con disparos constantes, uso de armas de alto poder y la presencia de grupos armados apostados en los accesos a la comunidad, ubicada en el municipio de Atlixtac, en la región de La Montaña.
Violencia reiterada contra la población civil
Habitantes de Huitzapula señalan que los agresores se identifican como integrantes de una supuesta policía comunitaria proveniente de comunidades vecinas, a quienes acusan de actuar como brazo armado del grupo criminal conocido como Los Ardillos. Estas versiones, difundidas por la población afectada, apuntan a que los ataques buscan someter a la comunidad y obligarla a aceptar extorsiones y actividades ilícitas, luego de que el pueblo se negara a colaborar con dichas prácticas.
Durante estos días de violencia en La Montaña, se reportan al menos tres personas asesinadas, entre ellas Rafael Castro Nava, además de campesinos y civiles que habrían sido atacados mientras realizaban labores en el campo. Una mujer y su hijo también fueron víctimas de una agresión armada; el menor perdió la vida, según denuncias comunitarias.
Antecedentes de un conflicto prolongado
La comunidad recuerda que este no es un hecho aislado. El 27 de octubre de 2024, tras una asamblea en la que los pobladores expulsaron a personas señaladas de operar extorsiones, se registró el primer ataque armado. Posteriormente, el 27 de febrero de 2025, Huitzapula sufrió un asedio de diez días, con disparos y explosiones, que dejó víctimas mortales y profundizó el temor entre la población.
Un mes después, el 25 de marzo de 2025, fueron secuestradas y asesinadas varias personas, entre ellas una familia completa, hechos que los habitantes atribuyen a represalias de los mismos grupos armados.
Omisión y reclamos al Estado
Pese a los llamados constantes de auxilio, pobladores denuncian omisión e indiferencia institucional. Señalan que elementos del Ejército han acudido en al menos dos ocasiones; sin embargo, al retirarse, las hostilidades se reanudan.
Las demandas se dirigen a instancias como la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero, así como a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y autoridades federales de seguridad, a quienes exigen garantías reales de protección.
Exigen alto al fuego y presencia institucional
Actualmente, la población de Huitzapula exige un alto al fuego inmediato, la retirada de los grupos armados y la presencia directa del secretario estatal de Seguridad Pública y autoridades de Gobernación. Mientras tanto, retenes armados en la región mantienen un clima de terror e intimidación, afectando la vida cotidiana y el derecho a la seguridad de las familias.
En La Montaña de Guerrero, Huitzapula resiste una vez más. La comunidad no pide privilegios, sino lo mínimo: vivir sin miedo.
