En los últimos días, la Dirección de Tránsito Municipal de Tlapa de Comonfort ha implementado un operativo de verificación vehicular que ha generado inconformidad entre amplios sectores de la población, particularmente entre motociclistas y trabajadores del volante de la región de La Montaña.
De acuerdo con testimonios recabados por este medio, durante el operativo se han confiscado motocicletas, cuatrimotos y automóviles, los cuales son trasladados y resguardados en la unidad deportiva municipal habilitada como corralón temporal.
Multas elevadas y reclamos ciudadanos
Según las denuncias, las infracciones impuestas oscilan entre los 5 mil 800 y los 8 mil pesos, montos que muchos conductores consideran excesivos y fuera de su alcance económico. Esta situación ha provocado molestia entre ciudadanos tlapanecos, quienes señalan que el operativo tiene un carácter recaudatorio más que preventivo.
Algunos automovilistas afirman que, mientras a ciertos conductores se les permite continuar su camino sin sanción, a otros se les aplica todo el peso del reglamento, lo que ha alimentado percepciones de discrecionalidad en la actuación de los agentes.
Denuncias de amenazas e intimidación
Trabajadores del volante de la región de La Montaña denunciaron que, en varios casos, no se les permite pagar la infracción de manera inmediata o regularizar su situación. En su lugar, aseguran haber recibido amenazas verbales.
“Nos dicen que tenemos que pagar porque sí, o que más adelante nos van a volver a detener, que ya saben por dónde pasamos”, relató uno de los conductores afectados, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Estas prácticas, señalaron, generan un clima de hostigamiento y afectan directamente su fuente de ingresos, en una región donde el transporte es una actividad clave para la economía local.
Críticas a autoridades municipales
Las quejas también han alcanzado a la Dirección de Tránsito Municipal y al presidente municipal indígena Gilberto Solano Arreaga, a quienes ciudadanos acusan de permitir un operativo que presuntamente incurre en abuso de autoridad y recaudación excesiva.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura oficial respecto a las denuncias. No obstante, sectores ciudadanos han solicitado que se transparente el fundamento legal del operativo, los criterios para la imposición de multas y el destino de los recursos recaudados.
Exigen revisión del operativo
Organizaciones locales y transportistas han hecho un llamado a las autoridades para revisar el actuar de Tránsito Municipal y privilegiar una política vial basada en la prevención, la orientación y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
En una región con altos índices de marginación, señalan, la aplicación estricta y punitiva de sanciones económicas puede profundizar la desigualdad y el descontento social, por lo que demandan diálogo y soluciones que no criminalicen a quienes dependen del volante para subsistir.
