
Obras básicas, seguridad y reconocimiento jurídico de comunidades fueron el eje central de la protesta realizada este lunes por integrantes del Frente Popular de la Montaña Francisco Villa, quienes se concentraron desde temprana hora afuera de Casa Guerrero, sin bloquear la vialidad.
Desde las 7 de la mañana, representantes de comunidades indígenas y afromexicanas de las regiones Centro y Montaña comenzaron a arribar al lugar con mantas y consignas, señalando que sus demandas han sido postergadas por años sin respuesta efectiva.
El reconocimiento de Nuevo Balzamar, al centro de la exigencia
Una de las principales demandas planteadas fue el reconocimiento oficial de la comunidad de Nuevo Balzamar, integrada por familias desplazadas tras los fenómenos naturales Ingrid y Manuel. Los manifestantes explicaron que, al no contar con reconocimiento jurídico, la comunidad permanece excluida del acceso a servicios básicos y programas públicos.
El Frente solicitó directamente a la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, atender esta situación que mantiene a decenas de familias en una condición de vulnerabilidad prolongada.
Caminos, agua y drenaje: demandas históricas
Además del reconocimiento comunitario, los inconformes exigieron la pavimentación de la carretera Macentla–San Jerónimo Palantla, considerada vital para la comunicación y el acceso a servicios. También demandaron la introducción de agua potable y drenaje en la colonia FEDEPEC, obras que calificaron como urgentes.
“Sin caminos y sin agua no hay desarrollo posible”, señalaron voceros del movimiento, quienes insistieron en que estas carencias afectan directamente la salud y la economía de las comunidades.
Educación y seguridad en La Montaña
A la movilización acudieron representantes de municipios como Chilapa de Álvarez, Zitlala y Mártir de Cuilapan, quienes denunciaron la falta de maestros en diversas comunidades y exigieron la asignación de plazas docentes para garantizar el derecho a la educación.
En el tema de seguridad, los manifestantes solicitaron la presencia permanente de la Guardia Nacional en zonas afectadas por la violencia, con el objetivo de prevenir nuevos desplazamientos forzados. También exigieron a la Fiscalía General del Estado retomar investigaciones pendientes, entre ellas el caso de la masacre de Salvadora Ramón Chávez y los hechos violentos ocurridos el 8 de febrero en San Jerónimo Palantla.
Acuerdos y nuevas gestiones
Tras cerca de una hora de manifestación, el Frente se retiró luego de establecer un acuerdo con el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, quien confirmó que el próximo martes 10 de febrero se realizará una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para escuchar las demandas planteadas.
Posteriormente, los manifestantes se trasladaron en marcha hacia las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde también solicitaron diálogo con autoridades federales, reiterando que su movilización busca soluciones concretas y no confrontación.
